Ley Antipillos: Un proyecto entre la controversia y la lucha contra el lavado de activos en Ecuador.
Por: Santiago Peña
El 27 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida coloquialmente como la «Ley Antipillos», argumentando la necesidad de “resguardar la seguridad jurídica y evitar el resquebrajamiento del orden constitucional”.
En respuesta, el Gobierno Nacional busca que el proyecto entre en vigencia mediante el Ministerio de la Ley, sustentando que el archivo realizado durante el primer debate fue ilegal.
¿Qué es la "Ley Antipillos"?
El proyecto de Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, menciona que tiene como principal objetivo prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos, mejorar la recaudación tributaria y debilitar la economía criminal en Ecuador. Se organiza en varios capítulos y disposiciones clave:
- Ámbito de Aplicación y Sujetos: Aplica a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que residan o realicen actividades económicas en el país. Se establecen regulaciones específicas para prevenir la introducción de capital ilícito.
- Impuesto sobre Vehículos Usados: Introduce un impuesto sobre la transferencia de vehículos motorizados usados para formalizar esta actividad y fortalecer los controles fiscales. El hecho generador es la transferencia de propiedad, y el impuesto se calcula con base en el precio del vehículo (no inferior al avalúo registrado). Su pago es requisito para matriculación.
- Fortalecimiento Institucional: La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se consolida como un actor central en la lucha contra el lavado de activos, con facultades para congelar fondos sospechosos, gestionar información patrimonial y coordinar con otras instituciones.
- Regulación del Sector Financiero y Deportivo:
- Las empresas tecnológicas financieras y aseguradoras están sujetas a obligaciones de reporte a la UAFE.
- El sector deportivo también es regulado para evitar el lavado de activos a través de la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), con controles específicos en contratos, derechos de imagen y relaciones laborales.
- Reformas Legales: Introduce modificaciones al Código Orgánico Integral Penal, Ley de Compañías, Ley de Tránsito y otras normativas para alinearlas con los objetivos de la ley. Estas reformas incluyen medidas para la inmovilización preventiva de bienes, control en medios electrónicos de pago, y fortalecimiento de controles financieros en sectores clave.
- Disposiciones Derogatorias y Transitorias: Deroga normas previas que se contraponen a esta ley e instaura plazos para implementar nuevas disposiciones, especialmente en el sector deportivo y el control vehicular.
Análisis:
- La ley busca aumentar la recaudación fiscal mediante controles más estrictos en actividades como la compraventa de vehículos usados y operaciones sospechosas en el sector financiero y deportivo.
- A la UAFE se le otorgan facultades ampliadas, como la capacidad de congelar activos, acceder a información reservada, incluso se le concede jurisdicción coactiva para el cobro de multas, lo que refuerza su capacidad operativa. Sin embargo, estas potestades deben equilibrarse con mecanismos claros de rendición de cuentas para evitar abusos.
- Reconocer al deporte profesional como posible canal para actividades ilícitas es un avance, pero la implementación práctica de las S.A.D. (sociededes anónimas deportívas) podría enfrentar resistencia por parte de actores que operan bajo esquemas menos transparentes.
- El acceso irrestricto a información reservada y la posibilidad de inmovilizar bienes sin notificación previa plantean retos en cuanto a garantías procesales y protección de derechos constitucionales.
- Si bien la ley toca diversos sectores, su implementación requiere una fuerte coordinación interinstitucional y el desarrollo de normativas secundarias claras. Esto puede ser un desafío logístico y administrativo para garantizar la eficacia del marco legal.
